Comisión del Senado aprobó proyecto que pretende despenalizar deudas en educación

Los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura del Senado –en votación dividida- respaldaron el proyecto que interpreta la ley N° 19.496 y modifica otras normas legales con el fin de evitar los abusos de los acreedores y despenaliza las deudas relacionadas con el Crédito con Aval del Estado (CAE), el Fondo Solidario y el Crédito Corfo. 

La propuesta, en primer trámite, será analizada en una próxima sesión ordinaria en Sala. Tras ello, el texto volverá a la comisión para dar inicio al debate en particular.

El senador Juan Ignacio Latorre explicó que “teníamos que resolver un desempate. En una sesión anterior hubo dos votos a favor y dos en contra; ahora hubo 3 votos a favor y uno en contra. Quiero destacar que esta propuesta fue transversal dado que es de sentido común”.

“Hoy como los estudiantes con mora no se consideran consumidores, no pueden acogerse a la ley respectiva. Así existe un trato asimétrico entre los acreedores (Bancos y el Estado) y los deudores puesto que los contratos firmados tienen las mismas condiciones que aquellos relacionados con la compra de bienes y servicios”, añadió.

El presidente de la comisión también señaló que “lo que venimos a corregir con las cláusulas de los contratos porque los acreedores hoy son juez y parte. No pueden seguir sufriendo los deudores educacionales estos abusos”.

Por otro lado, la senadora Yasna Provoste manifestó que “la idea es avanzar en garantizar el derecho social a la educación, por medio de una educación pública, gratuita y de calidad para todos”.

Esta propuesta nació en una moción de los senadores Juan Ignacio Latorre, Yasna Provoste, Francisco Chahuán y Carlos Montes con el objetivo de lograr un reconocimiento efectivo del derecho social a la educación.

También, se pretenden modificar las leyes 19.287 y 20.027 para terminar con una serie de condiciones que ponen a los estudiantes endeudados en situaciones de abuso e indefensión.

Finalmente, en el proyecto se interpreta la ley 20.720 con el fin de establecer que las deudas adquiridas por estudiar en la educación superior pueden sujetarse a los procedimientos regulados por la citada norma.


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