La movilización surge en respuesta al cambio de criterio de la Contraloría General de la República sobre la “confianza legítima” de los empleados públicos a contrata, lo que ha generado preocupación por la precarización de sus condiciones laborales.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) confirmaron su participación en la movilización. Según el presidente de la CUT, David Acuña, “hoy día lamentablemente, por parte del Parlamento, se ha denostado la labor pública. Vemos en peligro también la estabilidad laboral”. Acuña añadió que “el día jueves 28 de noviembre vamos a contar con un paro nacional para reclamar por nuestros derechos, por la estabilidad laboral y salarial”.
Por su parte, el presidente de la ANEF, José Pérez, criticó el cambio de criterio en los dictámenes de la Contraloría, señalando que este “termina con la jurisprudencia administrativa sobre la confianza legítima, precarizando aún más la estabilidad del empleo en el Estado”.
En virtud del nuevo enfoque, los trabajadores que sean despedidos tras más de dos años de servicio ya no podrán apelar ante la Contraloría, debiendo recurrir a la justicia ordinaria para presentar sus casos.
Desde ambas organizaciones realizaron un llamado a los trabajadores del sector público y del Estado a sumarse a la protesta. Según sus representantes, esta movilización es crucial para defender los derechos laborales y rechazar la precarización de las condiciones de empleo en el sector estatal.