Según las estadísticas de marzo de 2023, Chile ya tiene 22 plantas desalinizadoras en operación, con otras 6 en construcción. A pesar de esta creciente industria, actualmente no existen leyes que regulen el uso y el impacto ambiental de estas instalaciones. El senador Huenchumilla, autor principal del proyecto, ha destacado la necesidad de abordar este vacío legal, afirmando que «la industria de agua desalada no es inocua y hay que verificar su adecuado impacto ambiental y mejorar su localización geográfica».
El proyecto de ley señala que las aguas desaladas de mar existen en un espacio legal inexplorado. Mientras que el agua dulce y el agua de mar tienen claras designaciones legales como bienes nacionales de uso público, el agua desalada no tiene un estatus legal similar. La propuesta busca establecer este estatus y también crear un marco regulatorio para las operaciones de desalación, desde la extracción de agua de mar hasta su desalinización y distribución.
Además, la iniciativa también apunta a la necesidad de un sistema de evaluación ambiental para las plantas desaladoras. Bajo esta nueva legislación, todas las plantas existentes podrían seguir operando hasta que expiren sus concesiones actuales.
Finalmente, la propuesta sostiene que la falta de normativas ha frenado otros avances significativos, como el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. En resumen, este proyecto de ley busca llevar la regulación del agua desalada a la vanguardia de la legislación ambiental en Chile, proporcionando un marco legal claro mientras el país lucha por balancear el crecimiento económico y la protección del medio ambiente.