La Corte Suprema declaró ilegal la negativa del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén de darle participación a la ciudadanía en la revisión del proyecto de 101 plataformas de prospección minera “Terrazas”, de Laguna Gold en Puerto Ibáñez.
Así, el Máximo Tribunal dejó sin efecto la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique del pasado 12 de diciembre, rechazando el recurso de protección de los vecinos de Puerto Ibáñez, Marlina Orellana y Daniel Soto, quienes se sumaron previamente a una solicitud de participación ciudadana de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), Corporación Costa Carrera y la Agrupación Aysén Reserva de Vida.
El proyecto “Terrazas” inició su tramitación en enero de 2018 y dentro del plazo legal las tres organizaciones solicitaron abrir un proceso de participación ciudadana, el cual fue negado por el director regional del SEA, Claudio Aguirre, bajo el argumento de que la instalación de plataformas en la zona, a 3,5 kilómetros de Puerto Ibáñez, no generaría “cargas ambientales”.
La propia Marlina Orellana el fallo y dijo que “como agrupación estamos preocupados de los impactos que llegan a las comunidades cercanas de este tipo de industria y de esta forma los habitantes ahora se pueden sentir partícipes de un proceso de evaluación que impactará directamente de forma social y medioambiental”.
Por su parte, Patricio Segura, secretario de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), indicó que “vamos a buscar, no solamente en el caso del proyecto Terrazas, sino que en otros proyectos más que fueron rechazados por el mismo motivo, ver las vías legales, administrativas, de revertir esas decisiones para que se hagan con participación de la comunidad”.
En esa misma línea valoró que los vecinos “puedan hacer observaciones y, obviamente, exista un mayor análisis de esos proyectos de parte de la visión que tiene la comunidad y no solamente de organismos técnicos que, lamentablemente, en el caso de los proyectos de prospecciones mineras en la comuna de Aysén han demostrado que están bailando la cueca de la minería”.
El dictamen de la Corte Suprema retrotrae el procedimiento al momento previo a su calificación ambiental favorable, debiendo realizarse un proceso de participación ciudadana formal y luego ser votado.