Claudia Valdés, gerente general de Best Business Solutiones Consulting (BBSC), pone énfasis en la inversión de los activos fijos en desarrollo que superen los 10 mil millones de dólares y cumplan con las normativas ambientales. De estos, el 1% será destinado a las regiones para el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Pero, ¿cómo se define el monto a tributar por parte de las empresas mineras? Valdés explica: “El impuesto corporativo de primera categoría se calcula sobre la renta líquida imponible (RLI) y el gasto aceptado, mientras que el impuesto específico a la actividad minera se basa en una renta líquida denominada operacional mineral, que tiene ajustes relacionados con intereses, depreciación, entre otros”.
La especialista destaca las diferencias entre la tributación general y la minera, particularmente en la amortización. En el mundo tributario general, la amortización puede extenderse hasta seis ejercicios comerciales, mientras que en la renta imponible minera, se reparte en seis períodos de cuotas iguales.
Respecto a las pertenencias mineras -concesiones para la explotación de minerales-, el costo de estas se dirige al costo de ventas, y su medición incluye el precio de adquisición, intereses y otros gastos específicos. Valdés recalca que ciertos costos, como el desarrollo y explotación de la mina, no forman parte del costo de pertenencia.
Finalmente, en relación con las patentes mineras, los desembolsos previos a la explotación se tratan como gasto operacional de puesta en marcha, aunque el desembolso en sí no se considera un gasto tributario.
La minería, sin duda, es una arteria vital de la economía chilena, y estos cambios legislativos buscan equilibrar las contribuciones del sector al bienestar nacional. Con debates en marcha, solo el tiempo dirá cómo evolucionará el panorama minero en relación a la tributación.