“La situación ideal es precisamente que todas las grandes empresas mineras estén en manos del Estado, porque así vamos a recibir los recursos necesarios para resolver las necesidades sociales en nuestro país”, plantea la iniciativa popular de norma que busca nacionalizar las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro y que logró superar las 15 mil firmas requeridas para ser discutida en la Convención Constitucional.
En su extensa propuesta de articulado se puede leer que «cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá nacionalizar o reservar al Estado el dominio exclusivo de bienes naturales, bienes públicos, bienes de producción u otros, que declare de importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país».
Al respecto, desde Fesumin, el Director de Comunicaciones, Víctor Riesco, aclara lo siguiente: “Nacionalizar las empresas de la gran minería del cobre es un hecho muy puntual y es una situación que debería darse de forma natural. El problema es que, actualmente, la legislación permite la existencia de estas mineras y tienen un marco jurídico que las respalda. Al tener la Constitución un cambio referente a ese tema, prácticamente hace inviable todo lo que sustenta el poder tener una gran minería privada, y también hay que pensar en la compensación que se les debe entregar a las empresas por el tema nacionalizar los bienes que están hoy explotándose”.
“Esta nacionalización se puede dar de aquí en adelante, pero no será tan simple de realizar debido a lo que ya está otorgado. También hay que ser bastante claro con esto: no todas las estructuras de la minería serían adecuadas de nacionalizar”, agrega.
Riesco explica que no están diciendo que no se haga, sino que se debe analizar la siguiente figura: ¿existe la capacidad de poder comprar, adquirir o expropiar, que implica también un pago de estos recursos para con los dueños actuales?
“Porque en sí, la cantidad de recursos que debería generarse para nacionalizar el cobre, es bastante grande. Recordemos que aquí hay un valor de propiedad que esta respaldado en el marco jurídico actual”, esclarece.
Para la Federación, es importante que “La ciudadanía tenga claro que no porque cambiemos la constitución significa que van a cambiar las leyes, y los reglamentos que afianzan estas leyes. Habrá que ver cuál es la mirada que se le da en la Convención. Basta ver que luego de 10 años durmiendo en el Congreso recién esta semana se aprueba la Ley de Aguas; solo imaginarse cuánto se podría dilatar la discución de los temas mineros”.
“Como Fesumin, consideramos que más que nacionalizar lo que ya está, es muy importante que no se creen nuevas empresas privadas bajo la figura que rige actualmente, sino que el Estado chileno sea 100% dueño y explotador, o en parte, ya sea 50 y 50, 51 y 49, con Codelco, que es su brazo dentro del mundo minero, como parte de estos proyectos”.
Ejemplo de ello son El Abra, en Calama, donde Freeport-McMoRan tiene el 51% y Codelco tiene el 49%, y Freeport-McMoRan actúa como administrador. También ocurre con Anglo American, en Los Bronces, en donde Codelco participa con un 24,5%. Cabe recordar que Los Bronces y Codelco Andina operan en el mismo sector, por lo tanto las vetas son las mismas.
“Existen muchas posibilidades de que la industria nacional siga participando, pero lo ideal es que en cuanto a materias primas, el Estado sea quien se quede con los beneficios y no solo con los impuestos”, finaliza Riesco.
