En términos relativos, afirma que en cada uno de los 30 países de sus 38 miembros en los que existe un salario mínimo nacional, con el salario mediano, es decir, con la remuneración por debajo de la cual están el 50% de los trabajadores y por encima el otro 50%.
Como media, en la OCDE el salario mínimo representa un 55 % del mediano, aunque esa cifra varía mucho, de más del 70% en Colombia (92%), Costa Rica (81%), Chile (72%) y Turquía (70%), a solo un 29% en Estados Unidos.
España se sitúa por debajo de la media, con un 48%, un porcentaje que ha subido notablemente desde 2005 (era entonces del 37%), pero que sigue siendo inferior al de los otros grandes países europeos como Alemania (51%), Reino Unido (57%) o Francia (61%).
También analizan la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo en una docena de países miembros entre finales de 2020 y septiembre de 2022.
La OCDE considera que ante la escalada de la inflación actual hay que favorecer los aumentos del salario mínimo para amortiguar el golpe para las familias más vulnerables, y acompañar eso de otras prestaciones sociales y mecanismos o bonificaciones para compensar el encarecimiento de la energía.
«Aunque la elevada incertidumbre y una desaceleración significativa del crecimiento económico pueden sugerir cautela en la subida de los salarios mínimos, varios países tienen márgenes para ir más allá de los actuales niveles salariales mínimos y proteger, al menos parcialmente, a los trabajadores más vulnerables de la subida de los precios», señala el informe.
La caída en términos reales es particularmente fuerte (más del 10%) en Estados Unidos, donde no ha habido ninguna revalorización en esos siete trimestres, y en Holanda.
La pérdida del poder adquisitivo es superior al 5% en España (el incremento del 5,3% del salario mínimo en enero no ha permitido compensar el impacto de la inflación) y en Polonia, mientras que se sitúa entre el 0 y el 5% en Alemania, Grecia, Reino Unido y Japón.
También señala que, más allá del aumento del salario mínimo, hay que utilizar otros mecanismos para proteger los ingresos de los más vulnerables, como las bonificaciones energéticas «específicas y temporales» o las «ayudas a los trabajadores en activo».