Son más de 350 personas las que han sido afectados por la contaminación hasta el momento en Quintero y Puchuncaví, según la información entregada por el intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez.
Desde el gobierno la responsabilidad se le adjudicó a la Empresa Nacional del Petróleo, quienes por su parte, señalan que hay estudios que demuestran que sus instalaciones no presentan rastros de hidrocarburos, y que por lo tanto, no son los responsables de este desastre ambiental.
Por su parte, la comunidad solicita cuatro puntos importantes, ya que señalan que durante años la gente de esos sectores muere por la contaminación. Por ello, piden la paralización de las faenas de todo el «cordón industrial costero», que se elimine la facultad del uso de suelo de las llamadas «áreas de amortiguación», que se cree una zona franca energética y que se modifique de inmediato el estado de «complejidad» del Hospital de Quintero.
Sin embargo, la propuesta del gobierno se enfoca en la implementación de un plan de descontaminación en Quintero y Puchuncaví, el mejoramiento de los servicios de salud y monitoreos independientes de los índices de calidad del agua y aire de la zona.
La situación estaría por ahora, lejos de resolverse, ya que aún no existen responsables confirmados y las personas están sufriendo y padecimientos síntomas y enfermedades a causa de la contaminación. En este sentido, desde la Federación de Supervisores de la Minería Privada, Fesumin, el Tesorero, Rodrigo Sandoval, quien ha vivido en el sector, señala que más allá de preguntarse por este caso puntual, se debe repensar la forma de ejecución de la industria extractiva.
“El tema extractivo se debe abordar exigiendo el estricto cumplimiento de la normativa, y estas deben actualizarse según el crecimiento y desarrollo de los procesos, para garantizar la seguridad en todo ámbito. No sólo deben enfocarse en la productividad de los procesos, ya que ahí está el error, al omitir elementos importantes que pueden provocar situaciones inesperadas”, señala.
“Hoy en día existe tecnología que permite mitigar los accidentes o derrames y se debería implementar en cada faena extractiva. Además, las empresas deberían mantener informadas a las comunidades sobre los riesgos, medidas preventivas y cómo actuar en casos extremos, como el de ahora en Quintero”, añade Sandoval.
Para el tesorero de Fesumin, la importancia recae en que las empresas puedan invertir en prevención ambiental y lo consideren un factor tan importante como seguridad o productividad, lo que hoy no ocurre.
“Los supervisores estamos al tanto de las condiciones laborales de esas industrias y en muchas ocasiones los mismos supervisores tratan de abordar temas ambientales al interior, tanto al hablar con la empresa, como difundiendo información por medio de las organizaciones sindicales. Sin embargo, muchas veces no son bien escuchados y se obtienen respuestas como que lo abordarán más adelante o que está considerado en el presupuesto”, asegura.
“Yo creo que esto pasa por mejorar los procesos de la industria. No podemos seguir como estamos: sin pensar en el daño a las comunidades, al medio ambiente, apuntando sólo a la productividad sin medir las consecuencias. Nuestro mayor desafío como estamento de supervisores, es también formar parte de esta mejoría en los procesos y ser quienes la impulsan desde dentro de las industrias”, finaliza.