Salvataje a las Isapres, Parte 3: ¿Cuál es la visión de las organizaciones de trabajadores?

El Director de Comunicaciones de Fesumin, y también Secretario del Sindicato de Supervisores de Collahuasi, Víctor Riesco, realizó una profunda reflexión sobre este tema, y cómo impacta a los trabajadores.

Riesco comienza con una simple pregunta: “La crisis de las Isapres, ¿comenzó con el gobierno de Boric? No, no es así. Desde siempre se ha considerado que las Isapres han sido sectarias y selectivas de diversas formas con sus afiliados, lo cual les ha beneficiado ya que afirman que es la forma en que el negocio está concebido. Se supone que deberían proporcionar parte de la seguridad social que existe dentro de los estados en el área de la salud. Recordemos que otras áreas del tema social están a cargo de las AFP en las pensiones y las asignaciones especiales son responsabilidad de las cajas de compensación”. 

“Curiosamente, estas tres instituciones son privadas. Dejando ese punto claro, la crisis de las Isapres no comenzó este año, sino que se arrastra desde el año 2010, cuando el Tribunal Constitucional ya había indicado que las tablas que usaban las Isapres eran inconstitucionales. A veces es necesario mencionar la Constitución del 80 para caer en cuenta de que las Isapres estaban violando la constitución, ya que discriminaban entre hombres y mujeres, por edad y por estar sanos o enfermos”, argumenta Riesco. 

Sobre el punto anterior, explica que “Si eras hombre, tenías una prima y si eras mujer, pagabas una prima más una tarifa adicional. Si eras joven, pagabas menos pero a medida que envejeces, aumentaba. Si estabas sano, había buenos planes, pero si estabas enfermo, no te atendían o aplicaban la preexistencia”. 

“Dicho esto, esta crisis ha golpeado de manera brutal a las instituciones.  El Tribunal Constitucional forma parte de la institucionalidad chilena, por lo tanto, el fallo que emitan debe ser cumplido. Las Isapres no lo han cumplido.Por lo tanto, esta institucionalidad que es parte del Estado ha sido vulnerada por parte de las Isapres. Y ahora este año el Gobierno crea una Ley Corta que busca cumplir con la institucionalidad como corresponde, pero la justificación de la oposición es que se quiere eliminar a las Isapres del sistema”, agrega. 

El Director de Comunicaciones explica que el sistema privado no desaparecerá, lo que desaparecen son las empresas que brindan estos servicios, lo cual es diferente: “Nueva MásVida surge del proceso de quiebra de MásVida y sigue funcionando igual que antes, pero obviamente tuvieron que inyectar recursos para mantenerse. Durante muchos años, las Isapres obtuvieron ganancias fabulosas, ya que si los usuarios no utilizaban el GES, el dinero iba a parar a sus bolsillos. Por lo tanto, todo este tema se mantiene bajo la premisa de que lo que suben es lo que ganan”. 

“El tema de la salud en Chile es primordial y lo que las Isapres están experimentando ahora es lo mismo que Fonasa enfrenta todos los años. No es algo nuevo ni diferente, es exactamente lo mismo. La gente se enferma más, utiliza más el sistema y, por ende, los costos aumentan. La pandemia desencadenó enfermedades mentales que no están cubiertas al 100% y eso ha llevado a que las personas obtengan licencias médicas o sigan tratamientos costosos que las Isapres no están pagando”, afirma. 

Respecto a las declaraciones de la Senadora Ximena Rincón, Riesco señala lo siguiente: “Quisiera hacer una aclaración al margen. La senadora Rincón, al proponer este proyecto alternativo para rescatar a las Isapres, indica que el Estado ha estado ausente. Sin embargo, esto es falso, señora Rincón. El Estado, a través del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, ya ha dictado fallos y son las Isapres quienes han evitado cumplir con ellos. Las Isapres han afirmado que el sistema de salud colapsará, pero esto no es cierto”. 

“La realidad es que los 23 mil individuos en lista de espera no representan a los 8 millones de personas que se encuentran en Fonasa. Por lo tanto, estas cifras deben ser manejadas adecuadamente. Además, que entren 3 millones de personas al sistema público no significa que no serán atendidas, simplemente se contratará un seguro y este cubrirá las necesidades de estas personas. Si es a través del Estado, será más fácil negociar los precios, ya que se negocia por volumen, y eso es algo que sabemos”, puntualizó. 

“En la industria minera, prácticamente el 98 o 99% de los trabajadores están en el sistema privado de salud y podríamos vernos afectados por esto. Sin embargo, si somos rigurosos, podemos utilizar nuestros seguros complementarios contratados por nuestras empresas mineras. Esto no ha terminado, la Corte Suprema ha otorgado 6 meses más para la implementación del fallo, hasta noviembre, y esperemos que este tema se resuelva de buena forma. Pero la salud privada ya no será la misma de ahora en adelante”, finaliza Riesco. 

Por el momento, solo queda esperar para conocer los avances de ambos proyectos y cuál será la decisión de los parlamentarios, quienes tienen en sus manos la capacidad de influir en todo el sistema de salud de un país entero.