Según el acuerdo alcanzado por el oficialismo y la oposición, el órgano tendrá 50 integrantes electos por la ciudadanía y se elegirán bajo el mismo formato de los senadores. Además habrá otra instancia formada por 24 expertos, los que serán designados por el Congreso y deberán elaborar un anteproyecto de nueva Constitución.
Este grupo de expertos podrá vetar la propuesta que haga el Consejo electo por la ciudadanía, que tendrá la posibilidad de insistir en una propuesta pero que deberá ser aprobada por 3/5.
Igualmente, estos 50 miembros podrían aumentar con los escaños para pueblos originarios, los cuales se generarán según la votación que obtengan.
En cuanto al tiempo, se estableció un plazo de 6 meses de funcionamiento para la nueva Convención, y la elección de convencionales se debe desarrollar antes de abril de 2023.
Desde el Sindicato de Supervisores de Collahuasi, su Secretario, Víctor Riesco, señala que “lamentablemente hemos visto como nuevamente la política chilena cuidándose de mantener toda instancia democrática lejos del funcionamiento de ellos, han decidido preparar en la cocina del Congreso un nuevo platillo llamado Acuerdo por Chile”.
“Este acuerdo cuenta con el respaldo y la firmas de movimientos que ni siquiera están en el registro electoral y obviamente saca a todos aquellos independientes que participaron en el proceso anterior que fue firmado en el 2019”, añade.
Para Riesco, “la figura es bien complicada, sobre todo para las organizaciones de trabajadores que tenemos que ser representantes de nuestras bases y que lamentablemente estos políticos aún no aprenden que ellos siguen manejando las cosas bajo la mirada de que ellos tienen la razón. Todos sabemos que el proceso anterior termina con la negativa ante lo propuesto, no como una negativa al proceso. Por eso sabemos que la derecha anda perdida, y los extremos también”.
Riesco explica que lo que sorprende es que los mismos sectores que antes impulsaron el proceso, ahora se están entregando en una postura muy amarilla: “Muchos podrán decir que la Constitución actual es la que rige el proceso y bajo eso, Chile se ha desarrollado bajo los últimos 30 años. ¿Pero desarrollado qué? Si la industria chilena está al vaivén de la economía mundial y eso lo ha demostrado el IPC, el precio del dólar, y la industria que lamentablemente se ha visto golpeada y que no ha tenido una evolución que no sea el exportar frutas y materias primas”.
“El cambio debía haber apuntado en ese sentido, pero como vimos, los políticos quieren que los expertos -que de expertos no tienen nada porque no se ha escrito una Constitución en los últimos 40 años- puedan encontrar una solución a esta situación. Es lamentable que nuevamente los políticos tomen decisiones que no son las correctas y que dejen de lado a la ciudadanía en temas de participación”, complementa Riesco.
“Lo más probable es que sea una Constitución del 80, tuneada o simplemente la misma, lo cual va a mantener las cosas tal cual y no se van a solucionar los temas que son a largo plazo. La delincuencia es un tema que podemos solucionar en el mediano plazo pero los sistemas de pensiones, educación y salud no se van a solucionar si no nos podemos todos de acuerdo”, asegura.
“Desde las organizaciones de trabajadores estamos impulsando que los acuerdos se den y en el Congreso al parecer no hacen lo mismo. Ojalá la ciudadanía pueda manifestarse de una forma más tajante en este proceso y que dé un espaldarazo a una participación que sea ciudadana, tanto en la elección, como en la figura del proceso de salida de esta instancia”, finaliza.