Desde el 6 de abril entró en vigencia la Ley de Protección al Empleo, que según la descripción del Gobierno, “busca proteger la fuente laboral de los trabajadores y trabajadoras, permitiéndoles acceder a las prestaciones y complementos del Seguro de Cesantía, cuando se presenten las siguientes situaciones: Se suspenda el contrato de trabajo por acto de autoridad (cuarentena), se acuerde un pacto de suspensión del contrato de trabajo y se acuerde un pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo”.
Ante esto, se han desatado bastantes opiniones ya que se está recurriendo a fondos que son de emergencia para un eventual próximo caso de cesantía.
Desde el Sindicato de Supervisores de Collahuasi, su Secretario, Víctor Riesco, afirma que “los trabajadores van a pagar los efectos de la crisis y la están pagando con recursos que están destinados a otros propósitos como es el seguro de cesantía. Eso no puede ser posible”.
“Sabemos este seguro se usa cuando alguien está sin trabajo y necesita un sueldo porque las deudas siguen corriendo. Sin embargo, bajo las circunstancias actuales, que son generadas por el mismo Gobierno, que decretó el Estado de Catástrofe por el COVID-19, implica que aquí no están pensando en todos los factores económicos”, agrega.
Para Riesco, lo peor “es que esto no asegura que la gente pierda su trabajo después de que pase la pandemia, ya que nos hemos dado cuenta de que la economía chilena es precaria, porque ante cualquier situación, como la crisis social o la pandemia, se genera de inmediato situaciones criticas para las empresas lo que habla muy mal de la economía nacional”.
Otro aspecto de esta ley es el tema de los trabajadores independientes, que no cotizan, no están en los registros sociales de hogar y no cumplen con todos los requisitos. “Además, esta ley pide muchos requisitos para hacer uso del dinero del propio trabajador, por lo que muchos trabajadores independientes que bordean el 30% de la fuerza laboral, quedan fuera de este proyecto. Es decir, muchos de nuestros compatriotas van a tener una situación muy difícil en los próximos meses y no van a recibir ayuda de ninguna parte”, complementa.
“Lo que esperamos es que esta instancia no deje a los trabajadores sin resguardo y que las medidas del gobierno apunten a instaurar las mejores condiciones para la economía nacional”, finaliza.