Las comunidades demandantes buscan que el tribunal paralice el proyecto y ordene la realización de un proceso de consulta indígena, alegando que fueron excluidas del proceso de participación ciudadana y que se vulneró el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, argumentan que la evaluación ambiental presenta deficiencias en la línea de base del medio humano y en el análisis de los efectos del proyecto sobre los recursos marinos y el paisaje.

Por su parte, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) defendió la aprobación del proyecto, asegurando que no se identificaron impactos significativos sobre las comunidades indígenas del sector Puerto y que el área de influencia fue determinada correctamente. En el caso de las asociaciones del sector Cordillera, el SEA afirmó que no se cumplen los requisitos para la consulta indígena y que, según los antecedentes recopilados, la trashumancia pastoril ya no se realiza en la zona.

El proyecto, impulsado por Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, busca extender la vida útil de sus operaciones por 20 años, aumentando la capacidad de procesamiento de minerales sulfurados de 170.000 a 210.000 toneladas por día (tpd). También considera una planta desaladora en Puerto Collahuasi como fuente de abastecimiento hídrico complementaria.

La causa sigue en proceso y el tribunal deberá determinar si las reclamaciones presentadas justifican una eventual revisión del proceso de aprobación ambiental o la suspensión de las operaciones planificadas en Collahuasi.