Cada vez falta menos para que el Gobierno presente en el Congreso una reforma laboral que desde su génesis está en el ojo del huracán por su intención de potenciar a los grupos negociadores independientes y retomar el reemplazo interno en caso de huelga.
Desde el ejecutivo, tienen como meta presentar la iniciativa en el próximo mes de marzo, buscando también cambiar las normas tanto de los contratos individuales como los colectivos de los trabajadores.
En total son 13 personas, entre especialistas y abogados, los que están centrados en estos días en abordar los principales aspectos del cada vez más cercano proyecto de ley, una mesa que vive días claves para ultimar detalles en una reforma que busca reemplazar aquella que hace tan solo un año y medio impulsó la ex Presidenta Michelle Bachelet.
Hace algunas semanas, Sebastián Piñera firmó un acuerdo de desarrollo integral que entregó algún “adelanto” de lo que puede traer la polémica reforma. El documento recomienda “revisar la normativa que regula el reemplazo interno de trabajadores en caso de huelga”, quizás el punto que más atenta contra los derechos de los trabajadores.
Sobre este punto, el ministro del trabajo Nicolás Mockenberg apuntó en entrevista con Diario La Tercera “que estamos evaluando cada uno de los aspectos de la reforma laboral que a juicio de trabajadores, especialistas y académicos han generado incertidumbres en vez de certezas, y juicios largos en vez de respuestas”.
“Creemos que cuando uno realmente pone el foco de la legislación en cómo defender el empleo, los trabajadores y propender a un clima de diálogo fecundo en las relaciones laborales, se pierde el miedo a corregir esos aspectos que se aparten de aquello”, agregó sin profundizar en demasía en el tema.
En cuanto al tema de los grupos negociadores, el ex subsecretario del Trabajo e integrante de la mesa técnica del Ministerio del Trabajo, Marcelo Soto, apunta que “hay un vacío que dejó el gobierno anterior porque son mencionados en la ley, pero no quedó regulada su forma de negociar”.
El ministro, en tanto, opina que “los grupos negociadores están hoy en más de 15 normas del Código del Trabajo, su validez fue explícitamente reconocida por el Tribunal Constitucional y hay una decena de convenios colectivos acordados por grupos negociadores que fueron reconocidos incluso por la administración anterior. No está en cuestionamiento el reconocimiento de los grupos negociadores”.
Mientras tanto, el Sindicato Nº2 de la minera Sierra Gorda se reunió con las autoridades de la Dirección del Trabajo con el fin de conversar respecto a la calificación de los servicios mínimos, esto según informó la propia entidad por medio de un comunicado. Esto debido a que esta situación tiene entrampada las negociaciones colectivas de algunos sindicatos.
Por el momento, lo que resta es esperar que el Gobierno presente su moción y que los parlamentarios puedan “pulir” aquellos puntos que puedan atentar contra las libertades de los trabajadores y al debilitamiento de las organizaciones sindicales.