El Presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernandez, considera que la aprobación de la nacionalización de mineras, aunque en general en una comisión, entrega señales negativas que podrían conducir a la paralización de inversiones y no responde a la que se supone es la preocupación mayor: el tema medioambiental.
Hernandez señala que, no se puede “minimizar” la aprobación, en general, de la nacionalización de la minería en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, y señala que “las expectativas de una Constitución para todos están hoy en duda”.
“La minería tiene que volver a ser reconocida por la ciudadanía como una actividad compatible con el cuidado al medioambiente. Nosotros creemos que lo es, se ha avanzado mucho y podemos demostrarlo con hechos concretos para que finalmente se reconozca que esta es una actividad legítima, valiosa para el Estado de Chile, que hay que preservarla y exigirle que se desarrolle dentro de un marco de sustentabilidad”, complementó.
Al respecto, desde Fesumin, el Director de Comunicaciones, Victor Riesco, comenta: “Es un punto interesante que hemos hablado en 2 videos de Fesumin respecto de las propuestas de nacionalización y estatización de las empresas ligadas al cobre y que de una u otra forma lo que indica el presidente de la SONAMI es el temor que existe en la producción o en la empresa privada de qué es lo que viene ahora y cuál es la certeza jurídica de eso”.
Añade que, “Obviamente los sectores que más han apoyado a las empresas mineras privadas y transnacionales no tienen la cantidad de constituyentes suficientes como para ser influyentes dentro de las decisiones que se están tomando en la Convención Constitucional, y eso obviamente genera una figura de incertidumbre”.
Respecto a la preparación del Estado, Riesco señala que, “Es importante también destacar que por mucho que se trate de hacer una nacionalización, las empresas o el Estado no están preparados para asumir la responsabilidad sobre todas ellas, por lo tanto, el tema de la Convención Constitucional debería apuntar a una negociación respecto de los espacios que están presentes”.
“En ese aspecto habría que tratar de ayudar llamando a la calma a las empresas y a sus representantes e indicarles que primero está el bien del país que es el dueño de los minerales y de todos los recursos que están ahí y después vienen los negocios de privados”, finalizó.