En ese contexto, la mandataria sostuvo encuentros con autoridades comunales y regionales, con quienes pudo tratar detalles del proyecto para recaudación tributaria. “Nos interesa que la ciudadanía conozca y sepa qué es lo que significa este royalty minero”, dijo Hernando.
La mandataria hizo un llamado a las y los parlamentarios de la región a votar a favor del proyecto , y destacó que “son más de $22 mil millones que van a llegar a los fondos regionales, gobiernos locales y municipios podrán hacer uso de esos recursos de forma mucho más flexible. No hay limitaciones para su inversión y esa es una tremenda noticia para su gestión”.
Asimismo, la delegada presidencial regional de Antofagasta, Karen Behrens, señaló que “La aprobación de este Royalty permitirá el desarrollo en conjunto de las comunas y además para ir diversificando también la matriz productiva de nuestra región, sabemos que estos son recursos naturales esencialmente no renovables y necesitamos justicia territorial. Como región esencialmente minera, estamos muy expectantes y con mucha esperanza, para dejar atrás esa sensación que tiene que ver con la relegación al progreso y al desarrollo, en desmedro con lo que pasa a nivel central”.
Respecto de los detalles por parte del Ministerio, consideran un primer Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo que está dirigido a todos los gobiernos regionales, con el objetivo de financiar planes y programas que fomenten proyectos de inversión de desarrollo regional, y promuevan la inversión científica y tecnológica. El aporte fiscal será de US$225 millones anuales.
El segundo fondo considera una inversión de 170 millones de dólares para apoyar la equidad territorial, con el fin de beneficiar a las comunas más vulnerables. También está el fondo de compensación para las comunas mineras, que implica un aporte fiscal de US$55 millones anuales. Son 29 comunas beneficiadas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.
Finalmente, señalaron que el proyecto de ley contempla dos instrumentos, a los que estará sujeto exclusivamente la gran minería del cobre. Un componente ad valorem, que significa que las empresas pagarán como impuesto el 1% del valor de sus ventas de cobre, además del componente sobre el margen operacional, que tendrá tasas entre el 8% y 26% sobre la rentabilidad operacional de las compañías mineras.