El proyecto busca compensar al Estado por la explotación de cobre y litio y destinar US$450 millones a través de tres fondos diferentes para las regiones en donde se extraen estos minerales.
Después de cuatro años de discusión, el proyecto experimentó cambios significativos durante su proceso legislativo. Estas modificaciones buscaron lograr de manera más efectiva el objetivo de aumentar la participación del Estado en las ganancias de la minería no renovable, sin desincentivar el desarrollo sostenible en este ámbito.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció el liderazgo de los diputados y diputadas que iniciaron esta discusión y destacó que el proyecto permitirá financiar obras públicas, infraestructura, programas de investigación y desarrollo, así como reducir la inseguridad en Chile.
El aumento en la recaudación comenzará en 2024 con los pagos provisionales del royalty, que inicialmente serán una fracción relativamente pequeña. Sin embargo, se espera que haya incrementos significativos en 2025 y que en 2026 se alcance la recaudación en régimen.
Durante el proceso, hubo cuestionamientos por parte de parlamentarios de la coalición gobernante sobre la distribución de los recursos en las distintas comunas y regiones del país. Sin embargo, el Gobierno logró alinear estas críticas durante la comisión de Minería de la Cámara Baja.
Todas las indicaciones presentadas durante este tercer trámite constitucional fueron aprobadas por amplia mayoría en la Sala del Congreso, con excepción del Partido Republicano y algunos parlamentarios de Chile Vamos. Con el despacho a ley de esta iniciativa, se evitó la necesidad de recurrir a una comisión mixta, poniendo fin a más de cuatro años de proceso legislativo en el Congreso.