La cita, que tuvo lugar en la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), tuvo como objetivo principal recabar más detalles sobre las acciones y supervisiones llevadas a cabo por esta entidad desde el mencionado incidente.
La ministra presidenta, Sandra Álvarez, estuvo al frente de la diligencia y enfatizó la necesidad de esclarecer «ciertas áreas que podrían presentar dudas en el ámbito de competencia del servicio» antes de determinar los puntos específicos de prueba.
Durante el encuentro, expertos de la DGA, incluyendo a Rodrigo Sanhueza, director nacional, y a Rodrigo Sáez, representante de la Región de Atacama, expusieron las labores realizadas desde que se informó sobre el socavón. Ellos proporcionaron información detallada sobre el proceso de supervisión y el plan de monitoreo, cubriendo tanto las aguas del acuífero como las presentes dentro de la instalación minera.
Un punto crucial de la reunión fue el análisis del seguimiento a las acciones adoptadas por la minera, en particular, con respecto al comportamiento del acuífero tras la instalación de los sellos. Desde la DGA, se destacó que consideran irreversible la pérdida del sello y de la base del acuífero, situación que conllevó a la infiltración de unos 2.600.000 m³ de agua en la mina.
Esta demanda ambiental, impulsada por el Consejo de Defensa del Estado, apunta directamente a Compañía Minera Ojos del Salado y Lundin Mining, con el foco puesto en el supuesto daño infligido a la base del acuífero del Río Copiapó.