Según fuentes cercanas, la propuesta de Larraín planteaba eliminar las cuentas nocionales y redistribuir el 6% de la siguiente manera: un 3% para financiar los seguros sociales propuestos por el gobierno en su reforma, y el otro 3% destinado a cuentas individuales. Sin embargo, este último porcentaje incluiría un mecanismo redistributivo para garantizar la solidaridad intrageneracional, priorizando a los ingresos más altos y beneficiando a los ingresos medios y bajos.
La reacción ante esta propuesta ha sido mixta. Los diputados oficialistas de la Comisión de Trabajo muestran molestia, mientras que los diputados de Chile Vamos también expresan su descontento. Sin embargo, la Democracia Cristiana (DC) ha manifestado su apoyo a la propuesta de Larraín, destacando que se asemeja a sus propias propuestas y las del Centro de Estudios Públicos (CEP), al permitir la solidaridad, elección libre y heredabilidad.
Por otro lado, desde el oficialismo criticaron la actuación del ex subsecretario, calificándola de irresponsable y desleal, al desahuciar un pilar fundamental de la reforma sin haber llevado a cabo una negociación formal. Los diputados del Partido Socialista (PS) defienden la propuesta original de la reforma de pensiones y esperan que Chile Vamos esté dispuesto a avanzar en el diálogo para lograr acuerdos amplios.
Las opiniones divergen entre los parlamentarios. Mientras algunos consideran que la propuesta de Larraín es una opción viable que busca alternativas, otros la ven como una traición y cuestionan su validez al presentarla después de dejar su cargo. Algunos diputados de Chile Vamos señalan que la propuesta no aborda aspectos fundamentales del proyecto original del gobierno, como el reordenamiento de la industria y el derogamiento del DL 3.500.