Un fallo que acoge una reclamación de la Asociación Indígena Aymara Salar de Coposa contra el Programa de Cumplimiento (PdC), presentado por la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), fue dado a conocer por el Primer Tribunal Ambiental.
Según consigna La Tercera, la asociación aymara fundó su reclamación respecto a tres de los cargos formulados, que se relacionan con la falta de monitoreo de avifauna en el área del Salar de Coposa, un acuífero estratégico ubicado en la comuna de Pica, en una zona limítrofe con Bolivia en la Región de Tarapacá, considerado como gravísimo; la no implementación de un sistema de monitoreo puntual del caudal de la vertiente Jachucoposa, considerado como grave; y por último, el que dice relación con el descenso del nivel freático de los pozos ubicados en Coposa Norte por sobre lo previsto en el modelo hidrogeológico, también considerado grave.
En la sentencia se acusa que es “a lo menos es reprochable” la conducta de la compañía de no advertir en 12 años su inobservancia de sus compromisos ambientales respecto a especies como el Flamenco.
Desde la Compañía señalaron que está evaluando las acciones legales a seguir. Según plantearon desde la compañía el PdC aprobado por la superintendencia después de un proceso de evaluación de más de un año, implica una inversión de 35 millones de dólares, con un alto nivel de ejecución a la fecha.
En diciembre de 2017, a raíz de diversas denuncias, la SMA formuló 14 cargos contra Collahuasi. Sin embargo, la empresa presentó un PdC que fue aprobado por el organismo fiscalizador a través de la resolución exenta N° 12, de 2019.
Desde el Sindicato de Supervisores de Collahuasi, el Secretario, Víctor Riesco, afirmó:
«Es bastante importante dejar en claro que la empresa ya había comenzado a realizar este tema de forma previa, pero el tribunal le otorga un grado de carácter moral por parte de la no acción de la empresa durante mucho tiempo, de lo que faltó por realizar. Y ese es un punto relevante, ya que muchos de los compromisos de la empresa se vienen a tomar 12 años después de la operación que lleva la compañía».
«Hemos visto como se han ido afectando algunos ligares puntuales y vemos que también el ente fiscalizador ha prohibido usar aguas desde tras extracciones. Esperamos que la empresa tome las medidas adecuadas ya que la esto es un fuerte indicador de que por muy responsable de que se trate de mostrar collahuasi, de una u otra forma, dejó pasar este tipo de situación», finaliza.