La industria productiva del país ha estado en la mira durante los últimos meses por la irresponsabilidad e innumerables consecuencias en temas de contaminación. Derrames tóxicos, ampliaciones mineras, ley de glaciares, sequía en la mayor parte del país…
Hace un par de días, Sernatur alertó sobre la conservación de santuarios y glaciares que se pondrían en peligro por la ampliación de Los Bronces. También, salió a la luz una resquicio legal de la Ley de Glaciares que en palabras simples, permitiría una “excepción” de explotación para la industria minera.
“Es importante destacar que cada proyecto minero, y en realidad como lo hemos dicho, cada actividad humana va a ejercer influencia sobre el medio ambiente y dejará un impacto, ya sea de baja consideración o de alto grado”, señala el secretario del Sindicato de Supervisores de Collahuasi y también Director de Comunicaciones de Fesumin.
Con respecto al tema de la ampliación de Los Bronces, por la cual el Sernatur emitió una alerta, Riesco afirma que: “Todo lo que corresponda al proyecto de Los Bronces esta ligado a los de Andina, que es Codelco. Y cualquiera de estas empresas que realice ampliaciones, debe entregar de muy buena forma y clara, todos los impactos que puedan afectar al medio ambiente que lo rodea”.
“Acá no estamos en el desierto de Atacama o la tercera región, estamos hablando de que aguas abajo se encuentran ciudades bastante más grandes y pobladas, que tienen otro tipo de actividad económica, relacionadas con el tema del agua, como por ejemplo la agricultura. Lamentablemente nuestro país ha ido cambiando su ecosistema debido a toda la incorporación de elementos extraños o foráneos y en desmedro de lo que corresponde a aquella infraestructura natural correspondiente a Chile. En Los Bronces van a tener que trabajar de mejor forma lo que corresponda a los impactos ambientales asociados a lo que se pretenden ampliar, porque sí podría traer graves consecuencias al medio ambiente”, agrega.
El tema del uso del agua, es más complejo para Riesco. Según afirma Santiago Escobar, en una columna de Opinión en El Mostrador, “el año 1993 Minera Zaldívar obtuvo su permiso ambiental por 20 años (RCA 574/1993) en la que se incluía una extracción de agua de 500 litros por segundo del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo. El año 2010 Minera Zaldívar obtuvo una nueva RCA sobre la misma explotación con un Proyecto de Modificaciones de la Faena Minera Zaldívar que le permitía extender la operación más allá del 2015, fecha en que expiraba el primer permiso. La nueva autorización es la RCA 47/2010. Pero en esta, se excluyó de manera expresa en la presentación la evaluación ambiental del componente agua. Por tanto, este continuaba rigiéndose por la autorización ambiental de 1993 y terminaba en 2015”.
Agrega que “Minera Zaldívar presentó entre 2010 en adelante numerosos proyectos pero ninguno tuvo relación con la extracción de agua desde el acuífero de Negrillar, mencionado más arriba. Eso significa que durante más de tres años CMZ, propiedad compartida por el Grupo Luksic y un inversionista extranjero, ha estado utilizando agua de ese acuífero de manera ilegal”.
Al respecto, Riesco asegura que “no es raro y no es la primera vez que el gobierno interviene en este tipo de temas importantes para la economía como es la minería. Todo lo del agua se complementa, como la sequía con la explotación minera y la ley de glaciares. Es obvio que el lobby para que la ley de glaciares tenga estos pequeños resquicios legales y que permitan que sí puedan ser explotados, es una maniobra que va en beneficio a las grandes mineras que están en el país. Obviamente aquí hay gato encerrado, ya que perfectamente las mineras podrían trabajar de formas que no afecten lo que son los glaciares. Por ejemplo, explotación en forma subterránea y otros tipos. Pero lo que aquí hace el gobierno es que se permita la explotación de los glaciares de roca a través de esos resquicios en la ley. No es una buena opción dado que no hay una alternativa para reemplazar a los glaciares, y mientras no exista, el hecho de que se exploten trae como consecuencia que el agua no esté asegurada para el consumo humano lo que puede afectar el desarrollo de las ciudades, aguas abajo”.
“El otro dia escuchando a Rodrigo Mundaca, que tiene un premio internacional por su lucha por la conservación del agua en el sector de Petorca, él lo decía, que en Petorca no hay sequía, hay saqueo. Y esto pasa por un saqueo moral y económico y que lamentablemente, las ganancias se van para los grandes grupos económicos y para la gente acomodada. Y los desperdicios y pérdida se va para la gente común y corriente que habita nuestro país. Cuando decimos que toda actividad humana impacta es cierto, pero cuando impacta al hombre, significa que en más de algo estamos fallando y es imposible que el uso del tema de aguas no sea reglado naturalmente”, agrega Riesco.
Para el secretario de los supervisores de Collahuasi, el tema es complejo, ya que el mismo Mundaca explicó en CNN que el gobierno se justifica en que no hay suficientes fiscalizadores para poder controlar la situación. “Entonces, en el caso de las mineras, ¿nunca vamos a saber si extrajeron lo que tenían solicitado o simplemente burlaron el tema y seguirán trabajando?, pregunta Riesco.
“Hemos visto que últimamente las mineras han ido evolucionando hacia lo que es agua tratada de mar y eso los ayuda mucho, pero también hay que darse cuenta de que la legislación se acomoda a la necesidad de las empresas y no fiscaliza los desvíos de estas empresas y es importante que esto ocurra porque podemos seguir lamentando situaciones como Quintero, Coronel, Lota, Arauco, Valdivia. Esperemos que nuestro país aguante antes de que venga una hecatombe ecológica de magnitudes que no se pueda ser detenida”, finaliza.